Apreciadas amigas y amigos:
¿Están "trancadas" todas las posibilidades en
Venezuela, para que haya alguna alternativa racional y civilizada que
detenga la marcha de lo que hoy está sucediendo en las calles venezolanas?. No.
¿ Y existe dicha alternativa jurídica y política que se pueda
implementar?. Sí .
Es lo que el Coordinador Nacional de Independientes Por el
Progreso (IPP), Egildo Luján Nava, ha venido presentando como opción y
argumentando en nombre de un considerable número de venezolanos desde hace
cierto tiempo. Está contemplado en la vigente Constitución de la República en
sus artículos 347, 348 y 349 relativos a la "Asamblea Nacional
Constituyente".
Por supuesto, no es una medicina procedimental de efecto
instantáneo. Pero está allí. Se puede recurrir a ella. Y, si se quiere la
solución, se puede emplear, fortaleciéndola con la participación conciliadora
de las expresiones institucionales internacionales que han hecho posible
salidas progresivas en otras partes del mundo a casos como el de Venezuela.
Siempre será más pronto y menos costoso cuando las soluciones no se
plantean entre manchas de sangre de hermanos. Pero para que eso sea
posible, los interesados en el empleo de dicha modalidad deben convencer
al país que el proceso no es una carrera contra reloj; asimismo, que sí es
posible hacerlo sin tener que jugar a un 19 de abril de 1810 en Caracas
para terminar en 1821 en Carabobo.
"El Cielo es
pródigo para los que combaten por la justicia, y severo con los opresores"
Simón Bolívar
Simón Bolívar
Formato del Futuro…
Se derramó el agua. Las cartas ya están echadas. Llegó el 19 de Abril, fecha emblemática de la historia patria venezolana. Dos posiciones sobre cómo debía ser la relación entre el país colonial y la Metrópoli pasó a convertirse en el germen independentista en el naciente formato de país.
Se derramó el agua. Las cartas ya están echadas. Llegó el 19 de Abril, fecha emblemática de la historia patria venezolana. Dos posiciones sobre cómo debía ser la relación entre el país colonial y la Metrópoli pasó a convertirse en el germen independentista en el naciente formato de país.
El Día, sin duda alguna, fue el punto de partida de un
proceso que habría de consolidarse con el correr de los años y con sus
implicaciones. No fue de un momento para otro. Fue, entonces, la fecha que
abrió las páginas de un movimiento precursor que, entre otros, incluía entre
sus gestores a quien luego habría de convertirse en el líder de otro
macroproceso de imagen y alcance libertario supranacional, Simón Bolívar.
Ese mismo día pero del año 2017, luego de un pugilato
público entre un partido político y un Gobierno que ostenta el poder a su
antojo desde hace 18 años, y una expresión multipartidista asociada como
referencia de Unidad Democrática, decidieron calibrar fuerzas populares en la
calle. El primero identificado con la desventaja de no haber tenido resultados
positivos para el país y su ciudadanía. El otro por representar a grupos
opositores ofendidos por epítetos, descalificaciones y de acusaciones, como de
traidores a la Patria, aunque asistidos por la innegable ventaja de agrupar a
un 80% de la población que exige cambiar; cambio estructural.
Las calles de Caracas y de las diferentes capitales de
estado hablaron. Y lo hicieron en respuesta a una convocatoria para defender
pacíficamente, sin violencia, lo que está establecido, en un caso. En
otro, para exigir la restitución del hilo constitucional que fue destruido con
sendas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y
el enjuiciamiento de los Magistrados que incurrieron en dicho delito; reactivar
el ejercicio del derecho constitucional a solucionar dicha situación por vía
electoral; a liberar los presos políticos que en más de un centenar -hasta
entonces- se mantienen en el país y, por supuesto, que se reconozca la
existencia de una crisis humanitaria por indisponibilidad de medicinas y de
alimentos en el país.
Pero lo que se esperó que sería una voz ajustada a
dichas razones para estar en las calles, terminó en supuestos: de acto pacífico
y no violento. En hechos que demostraron, una vez más, que no es posible darle
espacio y vigencia a la credibilidad, cuando lo que distingue el resultado son:
varios compatriotas muertos; exagerado número de heridos; centenares de
detenidos. Todos, curiosamente -¿o como era de esperar?- de ciudadanos
identificados con el sentimiento opositor democrático.
Las calles por donde hubo la movilización del pluralismo
partidista opositor, siempre se exhibió la presencia de centenares
de agentes policiales llamados a “poner orden”; a representantes de un
grupo paramilitar o parapolicial que el Gobierno llama Milicias Armadas;
activistas al servicio de otro grupo denominado Colectivos y que no son
otra cosa que civiles -¿o militares vestidos de civil?- armados; miles de
Guardias Nacionales forrados con escafandras anti-motín, bien armados.
Asimismo, tanquetas blindadas, miles de motorizados, abundancia de bombas
molotov y camiones con mangueras de agua de alta presión. ¿Y para qué?.
Para repeler a una ciudadanía que reclama libertad en el
ejercicio de sus derechos constitucionales, y que los plantea, desde su
manera de concebirlo, con la exposición de pancartas con mensajes alusivos,
banderas del país y consignas. Pero, además, convencida de que su reclamo
no atendido por los demás poderes públicos, debía consignarlo en la Defensoría
del Pueblo. Para que ella, entonces, honrando su por qué y para qué constitucional,
se convirtiera en la portadora de un descontento y de una protesta
debidamente fundamentada, en lo que esa misma ciudadanía califica de violación
persistente de la Constitución Nacional y de sus derechos humanos.
En lo que se tradujo el reclamo, la protesta en las calles y
el propósito de llegar a la Defensoría del Pueblo, sede accidental del Poder
Moral de la República, fue en lo que ya conocen los venezolanos y los
gobiernos de los países del mundo en donde preocupa el presente y futuro de la
Democracia en Venezuela.
Es decir, la ciudadanía terminó convirtiéndose en víctima de
encontronazos, de empujones, de golpes, de detenciones y sanciones. Y todo
porque fue así como lo determinó la puesta en escena y entrada en vigencia de
un citado Plan Zamora, un artilugio conceptual para convertirlo en
una justificación gubernamental dirigida a contener un proceso
supuestamente desestabilizador; acción represiva para impedir, en el caso de
Caracas, el arribo ciudadano a los espacios urbanos del Municipio Libertador,
por el solo hecho de que allí tiene su asiento el Poder Ejecutivo. Y todo aun
cuando en la Capital de la República, como en el resto del país, el reclamo
ciudadano se tradujo en una presencia suya que, según cálculos científicos de
expertos, pudo haber cuadruplicado la participación de los llamados defensores
de la gestión gubernamental.
La lectura que se ha hecho de lo sucedido, una vez más, es
que el Gobierno, en nombre de su partido base y de su forma de conducir al
Estado, recurrió a las opciones administrativas de controlar el monopolio de la
violencia, para tratar de anular una acción de reclamo popular, indistintamente
de su respaldo numérico, como el de la solidaridad democrática internacional a
dicho reclamo.
Ahora, transcurrido el hecho. Vivido el episodio. Conocida
la conducta gubernamental, aun por sobre la opinión de la Fiscalía General de
la República en cuanto a que las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional
del TSJ plantean un desconocimiento de la Constitución de parte del Poder
Ejecutivo, ¿Qué hacer?. Porque lo que luce obvio, como lo plantearía
cualquier filme mejicano, es que ¿0 nos matamos o nos arreglamos?. Y si nos
matamos, ¿quién se va a ocupar de arreglarlo?.
Hasta ahora, no hay nada que no se haya intentado para
arreglarlo de acuerdo a lo que plantean la racionalidad, la alternativa de la
civilización y los postulados constitucionales. Ya se intentó solicitar
la renuncia del Presidente. Seguidamente, se quiso descalificarlo acusándolo de
extranjero indocumentado. Igualmente, se promovió un diálogo con mediadores
internacionales y nacionales sin ningún resultado. Luego se recurrió a
solicitar la celebración de un referéndum revocatorio y no lo permitieron.
Después se demandó la realización de elecciones de Gobernadores de acuerdo a lo
establecido en la Constitución, pero inconstitucionalmente fueron pospuestas.
¿Qué más se puede hacer?.
¿Acaso impedir eternamente por la fuerza que la ciudadanía
demande sus derechos en la calle?. ¿Convertir a treinta millones de venezolanos
en la extensión del capricho de una minoría, empecinada en su decisión de ser
querida, respaldada y respetada, aun cuando no sea digna de ser eso: querida,
respaldada y respetada?.0 en el peor de los casos,¿reeditar las experiencias de
El Salvador y de Colombia y escribir nuevos capítulos de su historia con sangre
de venezolanos?.
Sin duda alguna, el momento demanda respuestas distintas a
las actuales. Y una de ellas, quizás la más importante, es procurar una salida
constitucional que, como el 19 de abril de 1810, no se conciba ni se trate de
imponer sin valorar la importancia del tiempo bien aprovechado, usado y
convertido en el aliado inteligente para quienes resisten, como para aquellos
que han entrado en el desquicio funcional por miedo a los costos individuales y
grupales de los cambios necesarios e inevitables.
¿Y es eso posible?. Sí. Porque existe la salida, pacífica y
constitucional. Pero que, desde luego, tiene que ser planteada bajo la
luz de la sinceridad y voluntad de alcanzar una solución con la que ganen el
país y la ciudadanía, y no que se convierta en el trofeo histórico de una
expresión grupal.
Está expresada en los artículos 347,348, y 349 de la
Constitución vigente desde 1999. Y se refiere a la figura de la Constituyente
0riginaria, cuyo fundamento consiste en la solicitud a cargo de un 15% mínimo
de la población inscrita en el Registro Electoral Permanente. Sería un proceso
que tendría que desarrollarse con base en el espíritu rector del
articulado y una autoridad electoral no contaminada por parcialidades
partidistas, ni padrinazgos militaristas. Pero sí sometida a la observación
garante de pulcritud administrativa de expresiones institucionales
internacionales.
De acuerdo al espíritu de los citados Artículos y el soporte
extraordinario de factores y condiciones que evidencien la voluntad de ir a
soluciones, se evitarían la confrontación de bandos. También la imposición de
las posiciones ideológicas que hoy se ocupan de “trancar” la imperiosa
necesidad de darle espacio a un encuentro nacional, y a una progresiva
reconciliación de y en todo el país.
Luego de la convocatoria, se procedería a la elección
democrática de los Constituyentistas. Ellos pueden ser ciudadanos de
cualquier ideología, grupos partidistas o diversos de la sociedad civil.
Serían la consecuencia de una elección uninominal, y escogidos por sus
virtudes, conocimientos, cualidades, logros y aportes al país,
independientemente de si fueron o son pro Gobierno o de Oposición.
A esos ciudadanos, les correspondería convertir en hecho el
ejercicio de la responsabilidad de realizar las profundas reformas
constitucionales necesarias que permitan un sano y justo desarrollo de un
Estado moderno, y cuyo objetivo principal sea la de propiciar calidad de vida y
bienestar a sus ciudadanos. Hacer posible la reinstitucionalización del país
para que nazca una nueva Venezuela.
Se trata de un proceso que se podría concretar en un período
no mayor de 4 meses. Y que concluiría con la celebración de unas elecciones
generales, a partir de la nominación de los candidatos que conducirían los
destinos de la nación, de acuerdo a los postulados de una nueva Constitución
que, entre otros logros, haga posible: la descentralización del país; la
independencia absoluta de los poderes públicos; la elección libre por votación
para un período no mayor de 5 años del Presidente como del Vice Presidente con
doble vuelta electoral. Que se retorne a un poder legislativo bicameral, como
al funcionamiento de un Banco Central de Venezuela independiente, entre otros
propósitos.
Sí se puede. Hay que desactivar todos los indicios evidentes
y hasta supuestos que hoy conducen al país a someterse a lo que determinen
el odio, el resentimiento social y los intereses personales que medran de ese
doble lastre histórico de las sociedades civilizadas. Y hay que trabajar, desde
ya, en procura de dicho objetivo, por sobre los radicalismos y el
fundamentalismo que ciertas individualidades acarician como un recurso
salvador de responsabilidades y de culpas.
No es verdad que el 19 de abril del 2017 y lo que sucedió
ese día, y a partir de entonces, plantea una realidad política y violenta sin
retorno. Pero sí es necesario arrancarle de las manos esa posibilidad a
todos aquellos que, desde las sombras o desde las posiciones que ofrece el
privilegio de la dirigencia, insisten en conducir a Venezuela a vivir más
tristes y dolorosos episodios a los ya sufridos hasta a fecha.
Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)
edecio brito escobar
cnp-314
0416.5341549
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